Título: TESTIMONIOS DE LA GUERRA SUCIA
Autor: CILIA OLMOS, DAVID & GONZÁLEZ RUIZ, ENRIQUE
Año: 2005
Género: POLÍTICA MEXICANA
Formato: PDF
Durante la segunda mitad del siglo XX se estableció en México un gobierno contrario a los principios que establece la constitución política. No hubo en aquel entonces un solo derecho establecido en las garantías constitucionales que no fuera violado constante, sistemática y masivamente por el gobierno mexicano.
Las grandes movilizaciones mineras, campesinas, de maestros, médicos, o ferrocarrileros, que se sucedieron para lograr la restitución de los derechos ciudadanos, fueron reprimidas mediante el asesinato selectivo de sus dirigentes y las golpizas o masacres colectivas. El gobierno mexicano puso “fuera de la ley” las ideas, libros, publicaciones y organizaciones que no le rendían pleitesía incondicional. Las cámaras de Diputados y Senadores se convirtieron en catervas de ejecutores incondicionales de las órdenes del “Señor Presidente”. Diputado y senadores hicieron de las cámaras un trampolín político para colocarse en puestos importantes dentro de la estructura facciosa que había usurpado el poder. El llamado “Poder Judicial”, no era más que la suma de abyectos personajes que no tenían nada qué ver con la justicia, salvo que medraban y se hacían millonarios bajo su nombre. Las elecciones fueron convertidas en una farsa ridícula que nadie en su sano juicio creía, pues todo mundo sabía que quien designaba al próximo presidente, a los gobernadores, diputados, senadores, y hasta los presidentes municipales siempre era, en última instancia, el presidente en turno.
Y los que discreparan con esta situación, ya podían irse despidiendo de este mundo. El “mátelos en caliente” de Porfirio Díaz, palidecía frente a las órdenes que los nuevos encargados del “orden y la seguridad de la república” daban a sus matones en el ejército y la policía.
Por este motivo, durante la década de los 60's, numerosos jóvenes que ya habían experimentado en carne propia la “respuesta” gubernamental al derecho de petición, de imprenta, de asociación, de manifestación, y que habían sobrevivido, decidieron convocar al pueblo de México para modificar, mediante la vía armada, la forma de gobierno. Eran conscientes de que, al menos teóricamente, como lo marca la constitución nacional, la soberanía nacional reside –o debería residir– esencial y originariamente en el pueblo y de que todo poder público dimana –o debería dimanar– del pueblo, y se instituye –o debería instituirse–, para beneficio de éste.
Porque el poder público, no dimanaba del pueblo, sino del dedo del presidente en turno, porque el gobierno no estaba instituido para beneficio del pueblo, sino para su dolor, y porque sabían que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, estos jóvenes se organizaron para llamar al pueblo a la rebelión armada.
Pretendían que tan luego como el pueblo recobrara su libertad, se restablecerían la justicia y la libertad, se crearían formas democráticas para la organización de la sociedad y, los que hubieren figurado en el gobierno criminal, serían juzgados.
Al organizarse para la rebelión contra un gobierno inconstitucional que había abolido ya en los hechos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y había impedido el libre ejercicio de las instituciones constitucionales de la Federación, los jóvenes no hacían sino ejercer, sabiéndolo o no, un derecho plasmado en el Artículo 35 la Constitución:
“… Son prerrogativas del ciudadano … Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes…”
Lógicamente no podían tomar las armas en el Ejército Mexicano, pues éste era uno de los instrumentos para la violación de los derechos del pueblo y sus mandos eran componentes fundamentales de la pandilla que se había hecho gobierno, así que lo hicieron en incipientes organizaciones político-militares que más tarde iniciarían el período de resistencia armada que se ha identificado como movimiento armado, movimiento armado socialista, o simplemente, lucha guerrillera.
Aunque el movimiento armado se extendió por todo el país y ocupó el centro de la atención nacional con, en algunos casos, espectaculares acciones, el número de muertos de ambos bandos, que cayeron en los combates suscitados por esta rebelión, aunque muy valiosos, fueron comparativamente pocos.
Los combates protagonizados por las organizaciones rebeldes y el gobierno hoy pueden ser contabilizados. No obstante la desproporción militar, forman parte de una confrontación armada que aunque dolorosa, posibilitó cambios políticos que hoy podemos observar.
Sin embargo, la mayor parte de las muertes o desapariciones que datan de ese periodo, fueron cometidas fuera de combate, por agentes gubernamentales, contra personas desarmadas, inmovilizadas, en cautiverio, y que muchas veces no tenían nada qué ver, ni con los combates, ni con los combatientes, sino que fueron afectadas en su vida o propiedad por ser familiares o vecinos de los combatientes, o simplemente por “estar en el lugar equivocado”. A esta represión ilegal e inhumana se le ha dado en llamar guerra sucia.
En este libro presentamos los testimonios de personas que durante ese período vivieron el secuestro e incomunicación por parte de fuerzas policíacas o militares, y sobrevivieron para contarlo.
Adentrarse en el mundo de estos crímenes de Estado en contra de la población, que por cierto, aún no terminan, es un ejercicio de disciplina. Uno tiene que soportar el conocimiento de las aberraciones que cometen los torturadores y represores cuyo objetivo es el mantenimiento de un gobierno ilegal e ilegitimo en el poder.
También debe soportar la impotencia que se siente ante la impunidad de que esos criminales continúan revestidos. Individuos como Miguel Nazar Haro, ejecutor de delitos caracterizados como lesivos para toda la humanidad, navegan hoy con bandera de inocentes o, en el peor de los casos, desmemoriados. “No recuerdan” las atrocidades que perpetraron con motivo de la guerra sucia.
Estos represores de los movimientos sociales de oposición no son improvisados. Cierto es que la terquedad de Nazar Haro en irse a la tumba o a la cárcel con la información que posee sobre actos inhumanos contra seres indefensos, es prueba de una patología severa, quien no tiene remordimiento y mucho menos arrepentimiento por actos tan perversos, debe ser un desquiciado, pero no se trata de un sujeto aislado, que cometió locuras al por mayor, sino de un engrane de la maquinaria del poder que se echó a andar por fuera del camino legal y humano, para exterminar a quienes considera peligrosos para su dominación política.
Las violaciones históricas del PRI-gobierno contra el pueblo son crímenes de Estado. No fueron producto de alguna ocurrencia, sino de decisiones planeadas y ejecutadas con base en la impunidad y estas violaciones no se limitaron a los oponentes políticos y sus familias. Por ejemplo, en su novela «Los Periodistas», Vicente Leñero narra cómo Luis Echeverría Álvarez amenazó a los comunicadores de la revista Proceso: “Si estamos desapareciendo a tantos, nada nos costaría hacer lo mismo con quince o veinte periodistas”.
De ahí la importancia de este libro. Los testimonios que aquí se publican son pruebas contundentes de los métodos utilizados por los torturadores, bajo la cobertura de todo el aparato del Estado, que aún les prodiga protección y los mantiene en sus filas. Muestran a los personajes y a los hechos en toda su crudeza, o más bien, en la crudeza que es posible, porque es fácil entender que no hay narración capaz de describir a totalidad un escenario donde se practique la tortura. Esta realidad está más allá de la capacidad de descripción de quien la narra.
Con todo, lo que dicen estos testimonios basta para darnos cuenta de lo que ocurre cuando un gobierno se auto exime de cualquier responsabilidad ética, jurídica e histórica. La arbitrariedad y el autoritarismo son los padres de la brutalidad.
Sabemos de sobra que el poder tiende a proteger al poder. Aquella máxima de Montesquieu de que hay que dividir al poder para que sus partes se controlen entre sí, no pasa de ser un buen deseo. Los poderes judicial y legislativo no acotaron en su momento al poder “ejecutivo” sino que fueron sus cómplices e incluso ahora, con un régimen supuestamente distinto al del PRI-Gobierno, asesinos y torturadores como José Luis Valles, Vega Memije, Rafael Macedo de la Concha, Manlio Fabio Beltrones y otros torturadores y asesinos que formaron de la Brigada Blanca, Dirección Federal de Seguridad, grupo Jaguar, grupo Zorba y Ejercito Mexicano u otros, ocupan –u ocuparon– prominentes puestos dentro del gabinete del Presidente Vicente Fox Quesada, o dentro de los “poderes” de la Unión.
El “nuevo” poder, el poder “del cambio” encubre al PRI-gobierno. Los viejos capos de la guerra sucia, se convierten en los capo de la droga y en los capos de las instituciones foxistas de “seguridad del Estado”, mientras, para burla de la sociedad, la llamada Fiscalía Especial, sigue sin encontrar y sin poder fincar responsabilidades a ninguno de los grandes criminales.
La verdad es que el pretendido “régimen del cambio” forma parte ya, históricamente hablando de este período de represión fascista y genocidio conocido también como período de la guerra sucia. Fox ya pasó a la historia como cómplice y encubridor o en el mejor de los casos como una persona completamente incompetente para el papel que se le confirió.
Pero la estrella de la esperanza continúa siendo de la sociedad. La reciente revocación de las leyes de “perdón y olvido” en Argentina y el refrescamiento de la lucha por la verdad y el castigo a los genocidas que se da a lo largo y ancho del continente americano, son un indicador de que independientemente de que el presente régimen “del cambio” se haya pasado al lado de los criminales, eso no impedirá que la justicia termine por llegar.
Solamente la sociedad puede sancionar a quienes hoy siguen teniendo el monopolio “legal” de la fuerza, sólo la sociedad puede sancionar a los operadores del período negro de represión política, y solamente podrá hacerlo si actúa organizada y conscientemente.
El propósito de dar a conocer estos documentos no es el de abrir las heridas para relamerlas, sino desenmascarar a un sistema que se hace pasar como democrático y respetuoso de las leyes. También se intenta que el conocimiento de estos hechos contribuya a evitar su repetición. Forma parte de la lucha de los oprimidos para dejar de serlo.
El lector dirá si cumplimos o no el objetivo.
David Cilia Olmos
Enrique González Ruiz
México, D. F. a julio del 2005
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