INFORMES PRESIDENCIALES
2012–2018
ENRIQUE PEÑA NIETO
Género: BIOGRAFÍAS Y MEMORIAS
Formato: PDF
Durante décadas el presidencialismo mexicano fue ejemplo de un poder ejecutivo desbordado, cuyo peso se imponía al principio del equilibrio de pesos y contrapesos que debía gobernar el orden político. Este desequilibrio se alteró de manera significativa como resultado de las reformas liberales de los años noventa que transformaron de manera radical el perfil del Estado. El objetivo de los cambios que se introdujeron en las funciones estatales no era el poder del presidente, sin embargo, indirectamente lo reconfiguraron.
La presidencia de la República siguió siendo el eje del sistema político, pero la asimetría que antes caracterizaba las relaciones entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se corrigió parcialmente a expensas de la institución presidencial. Despojado de su aparente omnipotencia, el presidente enfrentó el desafío, en particular, del Congreso. En el periodo entre 1997 –cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la mayoría en la Cámara de Diputados– y 2018, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se caracterizaron por una aguda tensión y una rivalidad que dificultaba la colaboración entre poderes y que, en más de un caso, hubiera podido paralizar al gobierno. En este contexto, Enrique Peña Nieto (EPN), candidato presidencial del PRI en 2012, fue elegido presidente.
Contrariamente a lo que muchos votantes del PRI esperaban, el regreso de ese partido al poder no fue una simple restauración; las condiciones institucionales y políticas del país habían cambiado de manera muy significativa durante los doce años que ese partido estuvo en la oposición.
En ese lapso el gobierno estuvo en manos del Partido Acción Nacional (PAN), que continuó la línea programática que habían puesto en práctica los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. Esto significa que llegó realmente a su fin la tradición del Estado jacobino, intervencionista y centralizador que había formado la Revolución. Una consecuencia de esta reducción del Estado fue que el rasgo sobresaliente de la presidencia de EPN fuera la debilidad. En los años que van de 2012 a 2018, la fragmentación del poder en todos los niveles e instancias puso en riesgo la continuidad del sistema político; la situación era realmente muy grave desde el punto de vista de la seguridad interna, dada la dramática expansión de organizaciones criminales de grandes dimensiones, extremadamente violentas, poseedoras de inmensos recursos financieros y de armamento muy sofisticado. En más de tres décadas, el Estado mexicano ha tenido grandes dificultades para organizar y formar policías eficaces; recurrió al ejército, pero aun así, en general, el sistema de seguridad es muy pobre.
Desde inicios del siglo XXI, el Estado ha demostrado grandes limitaciones en el combate al narcotráfico. No sólo perdió la capacidad de articular y representar un interés colectivo porque las reformas liberales lo despojaron de los instrumentos que le permitían cumplir esa función, tampoco pudo mantener y garantizar el orden público de manera efectiva. En esa condición de debilidad, la presidencia de la República quedó a merced de diferentes grupos de interés, fundamentalmente empresariales que, a través suyo, capturaron el Estado y lo utilizaron en beneficio propio.
El proceso de desmantelamiento del Estado autoritario debilitó la presidencia de la República. Carente de instrumentos para intervenir en la política y en la economía, el Estado perdió autonomía. La disminución del poder estatal propició la creciente influencia de los intereses particulares y favoreció la expansión de la corrupción, porque los controles tradicionales se abandonaron y no se formularon nuevas reglas para proteger a la institución presidencial de los efectos negativos del cambio. Asimismo, la debilidad del Estado favoreció la personalización exacerbada de la presidencia de la República, que quedó expuesta a las presiones de los intereses particulares.
Ni siquiera la firma del Pacto por México, que reunió a las principales fuerzas políticas del país, en marzo de 2013, contribuyó a recuperar la fuerza del Estado o la autoridad de la presidencia de la República. Entre 2012 y 2018, en México ocurrió lo que Giovanni Sartori observó en los regímenes presidenciales: una oscilación constante entre el abuso del poder y la deficiencia del poder.
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